La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió a la relevancia de la consagración de la libertad de expresión como derecho fundamental.
Lo declarado dice relación a lo aprobado en el borrador del nuevo texto constitucional, destacando su calidad de derecho habilitante para exigir la rendición de cuentas y permitir la búsqueda de la verdad, entre otras cuestiones.
La libertad de expresión constituye un pilar de la democracia. Es un derecho recogido en la Constitución, así como en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, por lo que es deber del Estado promoverla y protegerla.
Asimismo, enfatizó:
Como sociedad debemos ser inclaudicables en su defensa, evitando cualquier tipo de consigna que relativice su valor.
Sobre la redacción propuesta planteó:
Dispone de un marco amplio para entender qué significa y qué abarca su ejercicio. A su vez, prohibió la censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que determine la ley, lo que se vincula con la libre búsqueda, recepción y difusión de informaciones e ideas de toda índole y, en ese marco, mantiene un vínculo estrecho con el acceso a la información, derecho fundamental reconocido por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los tribunales superiores de justicia chilenos.
De la Fuente afirmó además:
Los espacios de ejercicio de este derecho deben asegurarse y evitar limitantes propias de sistemas donde la censura, la imposición arbitraria de información y el control, cualquiera que éste sea, lo coarten.
Sobre la aprobación se refirió:
El pluralismo informativo, la proscripción de sistemas monopólicos de información y, consecuentemente, la promoción de la desconcentración de los medios, aseguran de esta forma la diversidad de la información.
Para finalizar, Gloria de la Fuente señala:
Algunos de estos elementos, atienden a un sistema que otorgue espacios para la autorregulación, promoviendo que los medios adopten reglas de conductas, y que garanticen la no afectación de la libertad de expresión, lo que parece coherente con la entidad y contenido de este derecho, y la función que cumple en nuestro sistema institucional.