En Chile, cuando alguien presenta una denuncia falsa por abusos o maltratos hacia su pareja o hijos, la ley sí contempla sanciones, pero de manera indirecta. El Código Penal castiga la acusación calumniosa (art. 211), el falso testimonio y la obstrucción a la investigación.
El gran problema es que, para que exista una condena por denuncia calumniosa, se requiere que un tribunal declare la falsedad de manera expresa mediante sentencia firme. Esto hace que en la práctica sea muy difícil sancionar a quienes denuncian sin pruebas y con mala fe.
Por otro lado, la Ley de Violencia Intrafamiliar (20.066) y la Ley de Garantías de la Niñez (21.430) priorizan la protección inmediata de posibles víctimas.
Esto significa que, incluso si más tarde se demuestra que la denuncia era falsa, durante el proceso se adoptan medidas cautelares como órdenes de alejamiento, suspensión de visitas o restricciones de contacto, lo que puede afectar profundamente la vida de los acusados.
Actualmente, existe en el Congreso un proyecto de ley que busca tipificar de manera más clara las denuncias falsas en casos de violencia intrafamiliar, lo que refleja la preocupación social por un fenómeno que no solo daña a las personas denunciadas injustamente, sino que también debilita la credibilidad de quienes realmente necesitan protección.
El impacto en los acusados falsamente
Las consecuencias para quienes reciben una denuncia falsa pueden ser devastadoras: pérdida de reputación, separación de los hijos, costos legales elevados, daños emocionales e incluso la estigmatización social.
Aunque con el tiempo puedan probar su inocencia, la huella de la acusación suele perdurar para siempre.
Incluso si alguien asegura haber recuperado la memoria de un abuso ocurrido hace 30 años y los relatos merecen ser investigados con seriedad, la falta de pruebas objetivas convierte estos casos en un terreno complejo.
Un acusado puede enfrentar un juicio mediático y social sin herramientas reales para defenderse, mientras que si finalmente la denuncia resulta ser falsa, rara vez existen consecuencias efectivas para el denunciante.
Muchos especialistas en derecho de familia y psicología forense advierten que este vacío legal deja a los acusados en una situación de desprotección, en la cual sus derechos quedan relegados frente al peso de una acusación que podría no tener sustento.
El fenómeno a nivel mundial
Las denuncias falsas no son un problema exclusivo de Chile. En España, el Código Penal regula expresamente la “denuncia falsa” en el art. 456, con sanciones que van desde multas hasta prisión.
En Argentina, el art. 245 del Código Penal establece penas de prisión de dos a seis años. En Estados Unidos, la severidad varía según cada estado, pero en muchos casos se castiga con cárcel y antecedentes penales que impactan toda la vida del infractor.
La tendencia internacional ha sido endurecer las penas contra las denuncias falsas, no solo para proteger a los falsamente acusados, sino también para evitar que los sistemas judiciales se vean saturados con delitos inexistentes.
Francia, Italia y Alemania también las consideran un delito grave contra la administración de justicia.
En comparación, Chile aparece rezagado: mientras otros países han tipificado con claridad estas conductas, aquí las sanciones dependen de una declaración judicial de calumnia, lo que en la práctica deja a muchas víctimas de denuncias maliciosas sin reparación.
Entre la protección y el abuso del sistema
La lucha contra la violencia intrafamiliar y el abuso infantil exige medidas rápidas y eficaces para proteger a las víctimas reales.
Pero esta urgencia también abre la puerta a que algunas personas utilicen las denuncias como un arma en conflictos de pareja o disputas de custodia.
La paradoja es evidente: un sistema diseñado para proteger puede terminar siendo instrumentalizado para dañar.
El caso chileno revela una tensión que también se observa a nivel mundial: el derecho debe equilibrar la protección inmediata de las víctimas con la protección de los acusados falsamente.
Hoy en día, Chile se encuentra en desventaja frente a legislaciones extranjeras que sancionan con mayor claridad las denuncias maliciosas.
Dejar sin consecuencias las acusaciones falsas no solo destruye vidas inocentes, sino que erosiona la confianza en las instituciones y resta credibilidad a las denuncias legítimas de abuso y maltrato.
El desafío es construir un sistema ágil para proteger, pero justo para sancionar, donde no haya espacio para que alguien, incluso alegando recuerdos de hace 30 años, pueda arruinar una vida sin enfrentar responsabilidad alguna si se prueba la falsedad.
El caso Di Girolamo-Campos
El caso Di Girolamo vs. Campos es un ejemplo muy claro de las tensiones identificadas. Denuncias de abuso que podrían haber ocurrido, pero que legalmente no se sancionan por prescripción o falta de pruebas.
Acusados que quedan marcados pública y personalmente, incluso tras un sobreseimiento; víctimas que reclaman reconocimiento, aunque no sanción penal y un sistema legal que obliga a largos procesos sin resultados legales contundentes.
Este caso ilustra también que la legislación chilena, tal como está, deja espacios grises donde ni los denunciantes tienen certeza de justicia penal ni los denunciados tienen garantías suficientes de protección frente al daño reputacional, emocional y social.
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