Democracia en Peligro

En medio de la recta final al plebiscito del 17 de diciembre, las declaraciones del consejero republicano Luis Silva, quien una vez más admitió que el proyecto constitucional propuesto es afín a la extrema derecha, ha encendido las alarmas sobre el contenido del texto recientemente aprobado.

Estos comentarios han causado malestar en la propia derecha, quienes en bloque buscan presentar el proyecto como beneficioso para toda la sociedad, acusando que por el contrario es la centroizquierda quien busca limitar su alcance.

Es así como un análisis realizado por CIPER ha arrojado luz sobre al menos 8 artículos que establecen fuertemente esta perspectiva de derecha, excluyendo otras voces en el proceso legislativo.

Estos artículos, según los expertos, aseguran una posición dominante de la derecha en el debate parlamentario, similar a lo que sucedió durante las cuatro décadas de la Constitución instaurada bajo el régimen de Augusto Pinochet.

Por su parte, la esperanza de moderar el proyecto durante su paso por la Comisión Experta se desvaneció a medida que avanzaba el proceso, demostrando la intrascendencia de su papel.

Según un miembro de la Comisión de Expertos, por el contrario la derecha se fue radicalizando en sus posiciones, fuertemente influidas por Kast.

La principal crítica de los opositores al proyecto constitucional es que este va más allá de lo que debería abordar una Constitución y establece políticas públicas bajo interesas particulares, limitando la capacidad del legislador democrático para tomar decisiones en la ley.

1. Aborto inconstitucional y criminalizado

La discusión sobre el Artículo 16, Inciso 1, que protege la vida de «quien» está por nacer, plantea inquietudes sobre el futuro de la ley de aborto en tres causales.

Esta frase ya ha sido usada por la derecha para oponerse a la píldora del día después y contra la ley de aborto en tres causales en el Tribunal Constitucional, como argumento para afirmar que la vida humana comienza desde la concepción.

Esto abriría la puerta para declarar permanentemente inconstitucional dicha ley, algo que la derecha ha buscado desde siempre.

2. Objeción de conciencia institucional

En el numeral 13 del artículo 16, el texto reconocería el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, estableciendo que este derecho “comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley”.

Esto no es nuevo en Chile, porque ya existe el precedente de la ley de aborto en tres causales que estableció una objeción de conciencia que no existe en ninguna otra parte del mundo, que es la institucional, la cual implica suponer que las empresas tienen conciencia.

Lo que se señala hoy en la propuesta de artículo de libertad de culto, es que existirá una objeción de conciencia que tendrá que ser regulada por ley, sin excepciones, sin discriminar si es individual o institucional.

Esto implicaría por ejemplo que las farmacias se puedan negar a vender medicamentos, a que colegios decidan no aceptar a niños de padres separados, la expulsión de centros educacionales de jóvenes embarazadas o no aceptar la matrícula a niños transgénero.

3. Salud y perpetuidad de las Isapres

En el artículo 16, número 22, se establecería el derecho a la protección de la salud integral, que en su letra b) indica:

Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.

Esta norma impediría crear en el futuro sistemas de reparto o incluso un sistema mixto que consideren alguna cuota de solidaridad, asegurando a perpetuidad la existencia de las Isapres tal como funcionan hoy en día.

Ante esto, la derecha se opuso a aceptar que Constitución establezca el derecho a elegir entre un sistema estatal o privado, excluyendo el que estos sistemas no pudieran discriminar por edad, sexo o enfermedades preexistentes.

4. Educación privada financiada con recursos públicos

En el artículo 16, número 23, se regularía el derecho a la educación y dentro de los puntos más cuestionados está lo descrito en su letra e):

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, garantizando el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados.

El sistema conocido como “voucher”, implica el financiamiento de establecimientos privados con recursos fiscales, relegando al Estado a un “rol sostenedor y no garantizador” del derecho a la educación.

Esto implica además una reducción de la capacidad del Ministerio de Educación en la definición de contenidos, generando un debilitamiento muy intenso y muy profundo de su rol en las políticas nacionales de educación.

5. Derecho a huelga limitado

En el artículo 16, número 27, se regularía la libertad sindical, reconociendo el derecho a huelga, pero solo “ejercida dentro del marco de la negociación colectiva”.

Esta redacción impediría la posibilidad de una “negociación colectiva por rama de la producción”, ya que los trabajadores estarían obligados a negociar todos juntos solamente con la empresa en la que trabajan.

Esta constitucionalización de que la huelga se ejerce sólo en el marco de la negociación colectiva, en circunstancias que es algo que en todo el mundo se establece a través de una ley, significa un grave retroceso en los derechos laborales de los chilenos.

6. Pensiones y seguridad social

En el artículo 16, numeral 28, se reconocería el derecho a la seguridad social, con la salvedad de lo indicado en letra b):

Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso  podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno.

Una redacción que significa asegurar constitucionalmente la existencia de las AFP y bloquear permanentemente la creación de un sistema de reparto o que considere algún nivel de solidaridad.

7. Derecho al agua como modelo de negocio

El texto reconoce el derecho general al acceso al agua en el numeral 30 del artículo 16, pero el recurso hídrico también es mencionado en la cláusula que regula el derecho de propiedad, en el numeral 35:.

Las aguas, en cualquiera de sus estados y en fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenecen a la Nación toda. Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad a la ley.

Esta indicación fortalece el derecho de propiedad sobre el derecho real de aprovechamiento de las personas y se constitucionaliza fuertemente el «negocio del agua» asegurando el derecho a comercialización privada y su herencia.

8. Cámara de Diputados: El misterio de los 138

La Comisión Experta apostó por instalar un “umbral de entrada”, es decir, ciertos requisitos que debían cumplir los partidos para poder acceder a un escaño en el Parlamento.

Este umbral dificultará la representación de partidos pequeños reduciendo además el número de diputados de 155 a 138, generando una distorsión de representatividad en el Congreso.

Además, la determinación de que sean 138 escaños nunca tuvo ningún respaldo técnico, pues no se argumentaron sus razones, lo que no solo incrementará la fragmentación, sino que disminuirá la representatividad afectando directamente la calidad de la democracia.

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