Por 123 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados despachó finalmente a ley el proyecto conocido como «Devuélveme Mi Casa», el cual fue promulgado el viernes 8 de abril con vigencia inmediata.

Ley devuélveme mi casa

La iniciativa refuerza los derechos de los propietarios de inmuebles que tengan problemas con arrendatarios rebeldes y les otorga instrumentos para facilitar cobros de arriendo y desalojo.

La nueva normativa faculta a un juez a decretar, como medida precautoria, la restitución anticipada de un inmueble en caso de morosidad o cuando el arrendatario haya provocado daños a la vivienda.

Asimismo, lo autoriza a a decretar el desalojo del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesario.

El texto visado, que modifica la Ley 18.101 y el Código de Procedimiento Civil para incorporar el procedimiento de desalojo, se despacho tras ratificar la única enmienda propuesta por el Senado, la cual dispone que, cuando los contratos no consten por escrito, se presumirá que la renta es el monto consignado en los depósitos o documentos de pago por al menos tres meses consecutivos.

En caso de que estos no existan, se presumirá que la renta es la que declare el arrendatario.

Restitución anticipada del inmueble

La normativa faculta al juez que lleve un juicio de arrendamiento a decretar como medida precautoria, la restitución anticipada del inmueble.

Igualmente, estará autorizado a decretar el lanzamiento del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario.

Para esto se considerará el comportamiento irresponsable del demandado en el pago del arriendo o en el cuidado del inmueble.

El juez podrá evaluar las circunstancias y exigir, en forma previa a la restitución anticipada, que el demandante otorgue una caución que permita indemnizar al arrendatario de los perjuicios sufridos con el lanzamiento, en caso de que en la sentencia definitiva del juicio no fuera condenado a restituir el inmueble.

Pago expedito del arriendo

El texto también introduce un procedimiento judicial especial más simple y expedito para el cobro de arriendos y restitución del inmueble.

En ese marco, se indica que la demanda deberá señalar, entre otros antecedentes, las cuentas por gastos comunes y de consumo adeudadas.

A ello se suma, la solicitud para que el deudor, dentro de un plazo de 10 días corridos, pague todo lo adeudado.

Si el deudor no cancela o no comparece, se le condenará a pagar la deuda reclamada y se dispondrá su desalojo y de cualquier otro ocupante del inmueble en un plazo no superior a 10 días.

El texto indica que la notificación de la demanda y de su resolución se podrán entregar a cualquier persona adulta que se encuentre en la morada, así como en el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su profesión o empleo.

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