Convención Constitucional al día: Semana 18 al 23 de Abril

La semana que termina el pleno sesionó todos los días, discutiendo normas presentadas por las Comisiones de Derechos Fundamentales, Medio Ambiente, Principios Constitucionales, Sistemas de Conocimientos y Sistema Político.

Entre las normas ingresadas al proyecto de texto constitucional, destacan varias referidas a los denominados derechos sociales, los cuales constituyen presupuestos y complementos indivisibles del goce de los derechos individuales, al constituir condiciones materiales que posibilitan un mejor y más efectivo ejercicio de todos de las libertades.

Para revisar el texto de las normas aprobadas visitar en el siguiente enlace el consolidado de normas aprobadas por el pleno.

Normas ingresadas al proyecto constitucional

1. Comisión de Medio Ambiente

El Pleno aprobó normas presentadas por la Comisión sobre Medio Ambiente en el informe de reemplazo:

  • Se crea una categoría de bienes en los que el Estado tiene un especial deber de cuidado, bienes comunes naturales, que son aquellos bienes creados por la naturaleza sin la intervención humana, como: el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; y el subsuelo.
  • Adicionalmente, se declaró que el agua y el aire son bienes inapropiables, es decir, que nos pertenece a todas y todos, y nadie puede apropiarse de ellas. Para su buena administración el Estado deberá preservar, conservar y restaurarlos, y deberá administrarlos democrática, solidaria, participativa y equitativamente.
  • Se le asigna a la ley la responsabilidad de generar procedimientos para que cualquier persona pueda exigir el cumplimiento de los deberes del Estado en cuanto a la custodia de los bienes comunes naturales.
  • Se reconoce el derecho de las personas al acceso responsable y universal a la naturaleza. La ley deberá detallar lo que dicha responsabilidad implique.

2. Comisión de Principios Constitucionales

El Pleno aprobó normas presentadas por la Comisión de Principios Constitucionales:

  • El derecho a una vida libre de violencia de género. Otorga al Estado la obligación de garantizar y promover el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género. Así como también, el Estado deberá realizar las acciones necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas.
  • El derecho de las personas mayores. Este artículo consagra que las personas tienen derecho a envejecer con dignidad y a ejercer todos sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población.
  • Derechos de niñas, niños y adolescentes. Se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de todos los derechos y garantías de la Constitución y los tratados internacionales firmados por Chile.
                          1. El Estado tendría el deber de promover, respetar y garantizar dichos derechos, respetando su autonomía progresiva, su desarrollo integral y a ser escuchados y a participar e influir en los asuntos que les afecten.
                          2. Se consagra también su derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia.
                          3. Se otorga máxima prioridad por parte del Estado, a la erradicación de la violencia contra la niñez.
  • Derechos de las personas con discapacidad. Se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas, pero, además, garantiza el goce y ejercicio de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardas. El artículo, establece que de forma específica, tienen derecho a la accesibilidad universal, la inclusión social, la inserción laboral y la participación política, económica, social y cultural.

3. Comisión sobre Derechos Fundamentales

El Pleno conoció las propuestas de normas constitucionales presentadas en el informe de segunda propuesta de la Comisión sobre Derechos Fundamentales

  • Derecho a la vivienda. Se establece el derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada. Para lo que el Estado debe implementar todas las medidas para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, considerando criterios de habitabilidad, espacio y equipamiento suficiente, disponibilidad de servicios, asequibilidad, accesibilidad, ubicación apropiada, entre otros.
  • Derecho a la ciudad y al territorio. Es un derecho colectivo que busca garantizar a las personas el derecho a habitar en ciudades y asentamientos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. Este derecho está orientado al bien común y el ejercicio de la gestión democrática, en función social y ecológica de la propiedad.
  • Derecho al cuidado. Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado deberá garantizar este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados, que deberá prestar especial atención a lactantes, niños/as y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Y velará por el resguardo de los derechos de quienes realicen trabajos de cuidados.
  • Reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados. El Estado reconoce estos trabajos como socialmente necesarios e indispensables, por lo que deben ser considerados en la formulación y ejecución de políticas públicas.
  • Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, en base a la universalidad, solidaridad, integridad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Se debería crear un Sistema de Seguridad Social público que proteja a las personas en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades. El sistema se financiaría con cotizaciones obligatorias y con rentas generales de la nación.
  • Derecho de trabajadores y trabajadoras a la participación en las decisiones de la empresa a través de sus sindicatos.
  • Derecho a la libertad sindical. Todos los trabajadores/as tienen derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, con excepción de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. Este derecho considera la facultad de crear organizaciones sindicales, afiliarse y desafiliarse de ellas, darse su propia normativa, trazar sus fines y realizar su actividad sin intervención de terceros.
  • Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. El Estado deberá promover el alcance del más alto nivel de salud. Para esto, se crea un Sistema Nacional de Salud, que sea de carácter universal, público e integrado, para llevar a cabo acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. Se establece que el Estado deberá generar programas y políticas de salud mental.
  • Derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas que les afecten. El Estado debe garantizar que las consultas se realicen de forma efectiva, representativa, previa, libre, apropiada, informada y de buena fe.
  • Derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales. El Estado debe garantizar el ejercicio de este derecho tanto en disciplinas recreacionales, educativas, competitivas y de alto rendimiento. Se reconoce la función social de deporte, por lo que la ley tendrá que asegurar el involucramiento de las personas y comunidades en la práctica del deporte.
  • Derecho a la igualdad y no discriminación. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Queda prohibida toda forma de esclavitud. Se asegura el derecho a la protección ante cualquier forma de discriminación y la ley determinará las medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de todas las formas de discriminación, así como los mecanismos para garantizar la igualdad material y sustantiva entre todas las personas.
  • Derecho humano al agua y al saneamiento. Todas las personas tienen derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar dicho derecho para las actuales y futuras generaciones, así como también deberá garantizar este bien atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos.
  • El derecho a la reparación integral para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
  • El derecho de las comunidades y las víctimas al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellos que sean crímenes de les humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial.
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4. Comisión de Sistemas de Conocimientos

El Pleno conoció las propuestas de normas constitucionales presentadas en el informe de segunda propuesta de la Comisión de Sistemas de Conocimientos.

  • La norma sobre medios de comunicación públicos, en distintos soportes tecnológicos. Este artículo establece la obligatoriedad de desarrollar medios de comunicación públicos que brinden a las personas contenido informativo, educacional, cultural y de
    entretenimiento.
  • El reconocimiento del Patrimonio Lingüístico, con esta norma el Estado tiene el deber de reconocer que las diferentes lenguas indígenas existentes en Chile son patrimonio nacional, es decir, reconocer la riqueza cultural de cada lengua. Por lo tanto, el Estado debe encargarse de la revitalización y protección de esas lenguas, sobre todo de aquellas que puedan desaparecer.
  • El Estado deberá fomentar el acceso y goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias. El Estado deberá fomentar políticas públicas y programas en torno a la lectura e incentivar la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas. El objeto de esta norma es alcanzar un mayor acceso y goce a la cultura para todas las personas.
  • Innovación en el Estado. Para que el Estado pueda realizar mejor su labor, requiere contar con los mejores avances propios de nuestra época. Por este motivo, el artículo aprobado establece que el Estado tiene el deber de utilizar lo mejor de las ciencias, tecnologías, conocimientos e innovación para mejorar los servicios públicos.
  • Derecho a la muerte digna. Por primera vez se establece la obligación constitucional del Estado de garantizar acceso a los cuidados paliativos, es decir, cuidados que ayudan a las personas con enfermedades graves y limitantes a sentirse mejor al tratar los síntomas y efectos secundarios de sus enfermedades.
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Comisión de Sistema Político

El Pleno conoció las propuestas de normas constitucionales presentadas en el informe de segunda propuesta de la Comisión de Sistema Político.

  • Normas sobre probidad, rendición de cuentas y transparencia, buscando así mayor control ciudadano a la actividad pública: reconociendo el principio de probidad, rendición de cuentas, transparencia, y acceso a la información. No solo los órganos encargados de hacer cumplir este principio tendrán la labor de fiscalizar, sino que el Estado deberá promover la participación de las y los ciudadanos en este rol.
  • Creación del Consejo para la Transparencia. Su función es promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información pública.
  • Corrupción. El Estado tomará las medidas necesarias para la prevención, investigación, persecución y sanción de la corrupción.
  • Respecto de las altas autoridades del Estado, van a ser mayores las exigencias de probidad, transparencia y rendición de cuentas.
  • Fuerzas Armadas. Mantendrán lo esencial del contenido actual de la Constitución, incorporando de manera expresa que su rol es exclusivamente ante amenazas extranjeras. estarán sujetas a un control de probidad y transparencia, y el Congreso revisará periódicamente la ejecución de su presupuesto.
  • Sobre las normas o indicaciones rechazadas como, por ejemplo, la que planteaba incorporar en la definición de funciones de las FF.AA. que estas cooperan en situaciones de catástrofes nacionales; cabe precisar que la actual Constitución Política tampoco contempla esta redacción expresa, lo cual no impide que las ramas castrenses cumplan el destacado y reconocido rol que brindan al país en situaciones de esta naturaleza.
  • Las Fuerzas Armadas deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión.
  • Sobre el ingreso a las FF.AA. se consagra que este será gratuito y no discriminatorio.
  • La educación militar se fundará en el respeto irrestricto a los derechos humanos
  • Relaciones internacionales de Chile. Por primera vez la Constitución podrá determinar el espíritu y actuar de Chile en el exterior: Se consagra el compromiso de promover y respetar la democracia, el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos, la inclusión e igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, convivencia y solución pacífica de los conflictos, y con el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los Derechos Humanos.
  • Estado de catástrofe. En materia de estados de excepción, si bien varios artículos votados en el pleno de la Convención volvieron a la Comisión para la elaboración de una segunda propuesta, sí ingresó al proyecto de nueva Constitución la regulación, aplicación y plazo de duración del estado de catástrofe.
  • Además, por primera vez se consagra que el Jefe o Jefa de Estado de Excepción, deberá ser una autoridad civil, designada por la Presidenta o Presidente de la República. Ésta asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. A diferencia de lo que ocurre actualmente, ya que el Presidente nombra una autoridad militar en estos casos.
  • Las fuerzas armadas y policías deberán cumplir estrictamente las órdenes de la autoridad civil a cargo del estado de excepción.

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