Plebiscito constitucional

El Consejo Constitucional, liderado por los representantes de la extrema derecha del Partido Republicano, atraviesa un período complicado, ya que continua desarrollando un fuerte rechazo de la ciudadanía según las últimas encuestas de opinión.

Según los datos más recientes de Cadem, un 59% de las personas se declara “en contra” del texto en proceso, y en Tú Influyes, la misma opción obtiene un 50%.

Todo esto, en un contexto en el cual en las últimas semanas, el órgano constituyente ha aprobado enmiendas controvertidas, como la prohibición del aborto, la reducción de representantes en el congreso, la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda, el rechazo a la cuota de paridad de género o el hecho de que las FF.AA. no están obligadas a respetar orden democrático y DDHH.

Esta situación ha generado críticas en el oficialismo, y aunque el gobierno insiste en buscar acuerdos y ha manifestado su apoyo al proceso, algunos representantes de partidos ya están contemplando alternativas al Consejo Constitucional.

La Comisión Experta y el Consejo Constitucional son dos actores clave en este proceso. A pesar de las preocupaciones sobre el estado del texto, la Comisión Experta, designada por el Congreso, tiene la autoridad para hacer observaciones y sugerencias al proyecto propuesto por el Consejo Constitucional.

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Y a pesar de que la fecha está escrita en la actual Constitución, hay un paso previo al interior del Consejo Constitucional que podría dejar sin efecto dicho plebiscito de salida.

En el inciso séptimo del artículo 152 de la Constitución vigente se establece:

Una vez terminada la votación de cada norma que formará parte de la propuesta de nueva Constitución, se deberá aprobar la totalidad del texto por los tres quintos de los miembros en ejercicio del Consejo.

Estas propuestas serán sometidas a votación en el Consejo Constitucional, requiriendo un quórum de tres quintos para su aprobación o dos tercios para su rechazo.

Si alguna de las propuestas del informe no obtiene la aprobación ni el rechazo requerido, una comisión mixta compuesta por miembros del Consejo Constitucional y de la Comisión Experta analizará dichas propuestas y podrá proponer soluciones con el voto de tres quintos de sus miembros en ejercicio.

Si esta comisión mixta no llega a un acuerdo en un plazo de cinco días, la Comisión Experta deberá presentar una nueva propuesta al Consejo Constitucional con el apoyo de tres quintos de sus miembros en ejercicio.

Finalmente, y quizás el punto más controversial del reglamento del proceso, el cual está siendo en estos momentos analizado por distintos constitucionalistas, es que la ley establece que la aprobación del texto completo de la nueva Constitución requerirá el respaldo de tres quintos de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional (30 de los 50 consejeros).

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Esto podría llevar a una situación de incertidumbre cuando el proyecto regrese desde la Comisión Experta, ya que el Consejo tendría que ratificar el quórum y volver a votar sobre las cuestiones que fueron rechazadas por el Comité de Expertos.

En el peor escenario, podríamos encontrarnos con comisiones mixtas o incluso la ausencia de un texto definitivo.

Si el bloqueo persiste y no se llega a un acuerdo, no habría un texto para someter a consulta en el plebiscito programado para el 17 de diciembre de 2023.

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