El término «lawfare», aunque relativamente nuevo en el lenguaje jurídico y político, ha ganado prominencia en discusiones sobre la justicia y la política.
Es una conjunción de las palabras «law» (ley) y «warfare» (guerra), que describe el uso de los sistemas legales y de justicia para perseguir a adversarios políticos.
Básicamente, se trata de guerra sucia desde los tribunales, ya sea para perseguir políticamente a alguien, desacreditarle o destruir su imagen pública.
Aunque puede parecer una práctica lejana a los principios democráticos fundamentales, el lawfare se está convirtiendo en una herramienta cada vez más común en todo el mundo, incluyendo en naciones que se precian de tener sistemas judiciales libres e imparciales.
Orígenes del lawfare
El concepto de lawfare fue acuñado a principios de los años 2000 por Charles Dunlap, un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para describir una táctica en la que la ley se usa como un sustituto de los medios militares tradicionales para alcanzar un objetivo de guerra.
Sin embargo, su uso ha evolucionado significativamente desde entonces.
En el contexto político, el lawfare se refiere a la manipulación de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales para desacreditar, dañar o neutralizar a los oponentes políticos.
1. Erosión de la justicia imparcial
El lawfare implica una aplicación selectiva y partidista de la ley. Cuando los gobiernos o grupos de poder utilizan el sistema judicial para atacar a sus adversarios, socavan la imparcialidad y la integridad del sistema judicial.
Este fenómeno puede llevar a una pérdida de confianza en las instituciones judiciales, esencial para el mantenimiento del orden democrático y los derechos humanos.
2. Supresión de la disidencia
En democracias donde se practica el lawfare, la disidencia y la crítica al gobierno pueden ser peligrosas.
Esto es especialmente problemático en países donde la libertad de expresión está protegida por la constitución.
El lawfare puede utilizarse para silenciar a periodistas, activistas y adversarios políticos, limitando efectivamente el espacio para el debate público y la crítica constructiva.
3. Impacto en elecciones y política
El lawfare puede alterar el equilibrio de poder en una democracia al deshabilitar o eliminar publicamente a figuras clave de partidos políticos a través de acusaciones legales.
Este uso estratégico de la ley para influir en los resultados electorales amenaza el principio fundamental de igualdad de condiciones y la libre elección de los líderes por parte del pueblo.
4. Mal uso de recursos públicos
Los casos de lawfare suelen requerir un considerable gasto de recursos públicos. Los fondos y esfuerzos que podrían destinarse a necesidades públicas más críticas se desvían hacia prolongadas batallas legales.
Esto no solo es un mal uso de los recursos, sino que también distrae la atención de los problemas urgentes de la sociedad.
5. Internacionalización de los conflictos políticos
El lawfare no se limita a las fronteras nacionales; a menudo implica la utilización de tribunales y normativas internacionales.
Esto puede llevar a conflictos diplomáticos y tensiones internacionales, complicando aún más las relaciones entre países y dentro de foros internacionales como la ONU o la Corte Penal Internacional.
El caso de Lula de Silva
La operación «Lava Jato» en Brasil, que inicialmente fue una investigación anticorrupción, es vista por algunos críticos como un notable ejemplo de lawfare.
En 2017, Lula fue condenado por el juez Sergio Moro a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de recibir un apartamento de lujo como soborno de la constructora OAS.
En 2018, su sentencia fue aumentada a 12 años tras una apelación fallida, y fue encarcelado, lo que le impidió postularse a la presidencia ese mismo año—a pesar de liderar las encuestas de opinión para las elecciones.
Críticos argumentan que su enjuiciamiento había sido parcial y diseñado para deshabilitar políticamente a Lula y al Partido de los Trabajadores.
Las controversias se intensificaron cuando The Intercept publicó una serie de mensajes privados entre el juez Moro y los fiscales, que daban a entender una colaboración inapropiada al definir estrategias coordinadas para asegurar la condena de Lula.
Estos mensajes indicaron que la operación no solo buscaba justicia, sino que tenía objetivos políticos subyacentes.
En marzo de 2021, el juez Edson Fachin del Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló todas las condenas contra Lula relacionadas con la Operación Lava Jato, estableció los derechos políticos de Lula, quien se convirtió en presidente de Brasil en 2023.
Conclusiones
El lawfare representa una seria amenaza para el tejido democrático de cualquier sociedad. Al priorizar la victoria política sobre la justicia, aquellos en el poder pueden alterar irreparablemente la percepción de la imparcialidad y la efectividad del sistema judicial.
Es esencial para las democracias de todo el mundo reconocer y combatir el uso del lawfare para asegurar que la justicia y la ley sigan siendo pilares de la gobernanza y no herramientas de conflicto político.
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