Este lunes por 117 votos a favor, cero en contra y 20 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto que declara la nulidad de la Ley de Pesca, también conocida como «Ley Longueira», en relación al entonces Ministro de Economía Pablo Longueira, férreos defensores del proyecto.

Jaime Orpis

La iniciativa comenzó a discutirse la semana pasada tras la rendición del informe de las comisiones unidas de Constitución y de Pesca.

El proyecto lleva poco más de seis años en tramitación, luego de que el 6 de enero de 2016 fuera ingresada por parte de un grupo de parlamentarios del PC y del PPD.

La norma tiene por objetivo anular la ley 20.657 o Ley de Pesca.

Esta última fue publicada a inicios de 2013 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y, en su momento, dicha norma tenía el objetivo de modificar una serie de aspectos con respecto a la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, además de regular el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, fomentar la investigación e impulsar la fiscalización en la industria.

La idea de impulsar el proyecto que busca derogar dicha ley nació luego de los casos de cohecho ocurridos en el denominado Caso Corpesca, el cual tuvo como condenados a la ex-diputada Marta Isasi (UDI), y el ex-senador Jaime Orpis (UDI).

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Por su parte, Orpis fue acusado de recibir pagos por más de $233 millones de parte de Corpesca.

Por ello, fue condenado a cinco años y un día de prisión por los delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios.

En tanto, Isasi habría recibido por parte de la pesquera $40 millones y fue condenada a 50 días de prisión efectiva por el delito de cohecho.

Asimismo, la pesquera Corpesca también fue condenada a pagar una multa de $516 millones.

Con todo, los fundamentos de la moción que busca derogar la Ley de Pesca advierten que esta debe ser declarada nula:

En el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad. De acuerdo a lo expresado, en su elaboración intervinieron parlamentarios que tenían, a esa fecha, intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni, menos aún, que se inhabilitaran en la votación.

Luego, el texto continúa, señalando:

Es un hecho público y notorio que actores particulares de la industria financiaron irregularmente a algunos parlamentarios mientras se discutía la ley. Este principio, entendido como la preeminencia del interés general por sobre el particular, es aplicable por mandato de la propia Constitución a todas las personas que son titulares de funciones públicas, por lo que quedan incluidos los senadores y diputados.

Entre los compromisos suscritos por el gobierno de Gabriel Boric se destaca la discusión de una nueva ley de pesca que de acuerdo al ministro de economía Nicolás Grau:

Necesitamos una nueva ley que nazca libre de cuestionamientos y fruto de un debate abierto y transparente. La regulación de un sector tan sustantivo para nuestro país requiere contar con reglas claras y justas en materia de asignación de los recursos hidrobiológicos, tanto a nivel industrial como artesanal.

En concreto, el compromiso del Gobierno establece su participación “durante el último cuatrimestre en diálogos territoriales para discutir los contenidos de una nueva Ley de Pesca”.

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Luego de aprobada la nulidad por los parlamentarios, el plazo para que la nueva ley entre en vigencia será a más tardar de dos años. Dicho plazo fue el que se estableció para su tramitación.

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